La inestabilidad como norma: Por qué las constituciones latinoamericanas no perduran
Instability as the Norm: Why Latin American Constitutions Fail to Endure
Brisa Alejandra Morales Hernández
Universidad Francisco Marroquín
Resumen: América Latina se ha caracterizado históricamente por una intensa actividad de cambio constitucional, expresada tanto en la promulgación de nuevas constituciones como en cientos de reformas desde la tercera ola de democratización. Este artículo argumenta que la «muerte» de las constituciones latinoamericanas no responde únicamente a rupturas abruptas del orden democrático, sino a un proceso gradual de erosión institucional. Dicho proceso se explica por tres factores interrelacionados: un legado poscolonial que heredó instituciones débiles y una cultura política de incumplimiento normativo; la manipulación de las reglas formales por parte de élites políticas y económicas que utilizan la flexibilidad constitucional en beneficio propio; y la tendencia a constitucionalizar promesas programáticas y aspiraciones sociales, lo que infla expectativas ciudadanas y debilita la capacidad regulatoria del texto constitucional. El análisis muestra que estas dinámicas no solo erosionan el entramado institucional, sino que afectan directamente la vida cotidiana de los ciudadanos, generando incertidumbre jurídica, desconfianza y mayor vulnerabilidad frente a formas de autoritarismo competitivo. El artículo concluye proponiendo una agenda de reformas orientada a fortalecer la separación de poderes, la independencia judicial y la seguridad jurídica, así como a recuperar una concepción más sobria del rol de las constituciones en la región.
Palabras clave: inestabilidad constitucional, instituciones débiles, élites políticas, nuevo constitucionalismo latinoamericano, autoritarismo competitivo, Estado de derecho.
Abstract: Latin America has historically been prone to constitutional change, reflected both in the promulgation of new constitutions and in hundreds of reforms since the onset of the third wave of democratization. This article argues that the "death" of Latin American constitutions does not stem solely from abrupt ruptures of the democratic order, but from a gradual process of institutional erosion. This process is explained by three interrelated factors: a postcolonial legacy that bequeathed weak institutions and a political culture of selective rule compliance; the manipulation of formal rules by political and economic elites who exploit constitutional flexibility for short-term gain; and the tendency to constitutionalize programmatic promises and social aspirations, which inflates citizen expectations and weakens the constitution's regulatory capacity. The analysis shows that these dynamics not only erode the institutional framework but also directly affect citizens' daily lives, generating legal uncertainty, distrust, and greater vulnerability to forms of competitive authoritarianism. The article concludes by proposing a reform agenda aimed at strengthening the separation of powers, judicial independence, and legal certainty, as well as recovering a more sober conception of the role constitutions should play in the region.
Keywords: constitutional instability, weak institutions, political elites, new Latin American constitutionalism, competitive authoritarianism, rule of law.
Introducción
América Latina ha sido históricamente pródiga en cambios constitucionales. Desde la tercera ola de democratización en 1978, se han promulgado dieciséis nuevas constituciones y hubo cerca de 450 reformas, donde la mayoría fueron superficiales y algunas se extendieron a más de veinte artículos (Nolte, 2016).
Este ciclo de reemplazo constante no obedece solo a golpes de Estado o quiebres bruscos del orden democrático; también es producto de un desgaste gradual. De esta forma, en este texto se esboza un análisis institucional para explicar cómo es que las constituciones latinoamericanas «mueren» no solo por rupturas súbitas, sino por un proceso lento de erosión derivado de un diseño institucional débil, de determinadas élites que manipulan las reglas formales según intereses de corto plazo y promesas simbólicas hechas a la ciudadanía. Así pues, se examinará cómo estas fragilidades institucionales han actuado en conjunto y cómo afectan también a los ciudadanos comunes. Para concluir, se proponen reformas concretas que fortalezcan los principios de separación de poderes, seguridad jurídica y Estado de derecho.
Legado poscolonial: Debilidad desde la cuna
Las constituciones poscoloniales latinoamericanas incorporaron decisivamente el pasado imperial. Muchas instituciones y prácticas heredadas de la colonia no desaparecieron con la independencia, sino que mutaron o incluso persistieron en las nuevas repúblicas (Riegner y Bonilla Maldonado, 2021). Este peso histórico se combinó con altos niveles de incertidumbre en la fundación de los Estados-nación: los constituyentes operaban en entornos inestables, con guerras civiles latentes y una fuerte asimetría en la distribución del poder político, dividido entre élites regionales, caudillos y sectores marginados sin representación efectiva.
En esas condiciones, era frecuente que las reglas de juego se diseñaran con una participación particular de los distintos grupos de poder. Más que exclusión absoluta, lo que caracterizó a las primeras experiencias constitucionales latinoamericanas fue una representación limitada y desequilibrada, donde ciertos sectores —como los ejércitos, la Iglesia o las élites económicas— conservaron suficiente poder de veto para condicionar o erosionar el nuevo orden institucional. Los redactores de las constituciones tendieron a subestimar su fuerza, haciendo que sus proyectos carecieran del apoyo político y social necesario para consolidarse. Este precario contexto generó en muchos casos reglas provisionales y mortinatas: estaban condicionadas a un momento político específico y se vieron rápidamente vulnerables a ser desmanteladas ante el primer cambio importante en la correlación de fuerzas (Levitsky y Murillo, 2012).
De ahí que las constituciones latinoamericanas no sean afianzadas por una cultura que las respalde. La debilidad del marco institucional y la cultura política predominante se retroalimentaron mutuamente: constituciones que no lograron consolidar una práctica de respeto a la ley convivieron con sociedades acostumbradas a la personalización del poder y al incumplimiento selectivo de las normas. En ese contexto, la obediencia constitucional nunca arraigó como principio compartido, sino como una formalidad contingente, minando la posibilidad de construir contrapesos duraderos. Este legado poscolonial se traduce en constituciones que reflejan aspiraciones modernas, pero muchas veces ocultan riesgos de fragilidad interna.
El papel de las élites y la concentración del poder
El trabajo de Sartori (2016), dentro del marco del neoinstitucionalismo clásico, nos presenta lo poco común que el cambio constitucional debería ser, pues se esperaría que solo bajo ocasiones excepcionales ocurriera. La falta de inclusión de múltiples grupos de interés en el proceso constitucional, la ausencia de mecanismos para equilibrar elementos de rigidez y flexibilidad a través de procesos de ajuste acordes al entorno sociopolítico, así como la poca especificidad sobre algunos procesos, son elementos críticos que explican el cambio e inestabilidad constitucional en la región (Elkins et al., 2009). En concreto, resulta vital analizar el papel de la flexibilidad, pues, aunque tenga grandes ventajas para la adaptación de las constituciones a los problemas modernos, sirve de herramienta para grupos de interés, que usan a su favor esta maleabilidad constitucional.
Precisamente sobre este fondo estructural actúan las élites políticas y económicas latinoamericanas, cuyo papel resulta decisivo en la longevidad constitucional. Cuando el arreglo constitucional les resulta incómodo, se impulsan campañas a favor de determinados cambios. De ahí que la centralización de poder en gobiernos fuertes sea una constante en la región: regímenes presidenciales con escasos frenos la han usado a conveniencia. Sirva de ejemplo —aunque ya no sorprende a este punto de la historia— el caso de Nayib Bukele en El Salvador o el de la pareja presidencial Ortega-Murillo en Nicaragua. En enero de 2025, el presidente salvadoreño impulsó una reforma exprés para permitir que la Constitución sea cambiada por mayoría calificada sin proceder por dos legislaturas, consolidando el control del Ejecutivo (Guerrero Rivas, 2025). Paralelamente, el parlamento orteguista enmendó 148 de 198 artículos constitucionales, creando una figura de copresidencia entre Ortega y su esposa, Rosario Murillo, con control oficialista sobre los tres poderes estatales (Paolanti y Saccoliti, 2025).
Esta manipulación constitucional evidencia que las constituciones mueren de forma menos dramática y repentina a comparación al siglo XX. Hoy, ya no son frecuentes los golpes de Estado, las elecciones abiertamente —y descaradamente— fraudulentas, ni las revoluciones armadas. Lo que se observa regionalmente son casos de una erosión gradual de las instituciones, reglas y normas a manos de gobiernos electos. Este hecho obliga a poner la mirada sobre una realidad desalentadora para nuestros países: es a través de las vías democráticas que se consolidan formas de autoritarismo competitivo (Levitsky y Way, 2010). Gobiernos con origen legítimo aprovechan su control de mayorías parlamentarias o del sistema judicial —México como el caso de estudio estrella en este momento— para reescribir las reglas del juego, perpetuarse en el poder y neutralizar los contrapesos que deben limitar su acción. Así, bajo una apariencia de legalidad, se desmantelan los fundamentos del Estado de derecho y se acelera la muerte silenciosa de las constituciones.
Constitucionalización de políticas y aspiraciones
Sartori (2016) advirtió sobre los riesgos de la excesiva flexibilidad constitucional, especialmente cuando transforma a la constitución en un instrumento de ingeniería social. Desde su perspectiva, una constitución debe ser un marco estable que estructura la toma de decisiones y disciplina el ejercicio del poder; su función esencial es organizar el Estado y delimitar con claridad los controles institucionales. No obstante, en las últimas décadas —especialmente después de la Segunda Guerra Mundial— se ha expandido la tendencia a incorporar promesas programáticas, declaraciones de derechos y mandatos de política pública directamente en los textos constitucionales. Esta deriva ha generado constituciones más extensas, detalladas y específicas, pero menos capaces de establecer límites efectivos al poder (Sartori, 2016).
Este fenómeno ha sido descrito como el auge de las «constituciones con aspiraciones»: textos que dejan de ser imparciales, generales y abstractos para convertirse en catálogos extensos de compromisos sectoriales, frecuentemente dirigidos a determinados grupos sociales o demandas coyunturales. Este nuevo carácter «societal» de las constituciones modernas, aunque bien intencionado, tiende a inflar las expectativas ciudadanas, al sugerir que la simple incorporación de derechos o políticas en el texto puede resolver problemas estructurales que requieren reformas institucionales profundas. Así, se sustituye el trabajo político complejo por promesas constitucionales que, al no cumplirse, alimentan el desencanto y la desconfianza en las instituciones.
Esta lógica forma parte del llamado «nuevo constitucionalismo latinoamericano», una corriente reformista de finales del siglo XX caracterizada por impulsar procesos constituyentes participativos, expandir los catálogos de derechos y reconocer el pluralismo jurídico y cultural de las sociedades latinoamericanas. El resultado es un diseño normativo que promete más de lo que puede garantizar en la práctica y que pierde eficacia como consecuencia. Al prometer más de lo que puede garantizar en la práctica, la constitución pierde eficacia y debilita su valor regulador. Esto la hace más vulnerable a ser instrumentalizada por gobiernos que buscan legitimarse mediante reformas populistas o simbólicas, sin modificar de fondo las estructuras de poder, ni fortalecer los contrapesos institucionales. Entonces, aunque este enfoque ha supuesto avances en algunas materias, la realidad es que estas nuevas constituciones han quedado atrapadas en agendas coyunturales de forma insostenible (Gargarella, 2018).
Por otro lado, la ampliación de derechos y la promesa de una mayor inclusión social suelen instrumentalizarse por los políticos para modificar aspectos sustantivos del diseño institucional, como ocurrió en el proyecto de la nueva Constitución chilena presentado en 2022 tras el estallido social de 2018. A pesar de que dicho proyecto incluía avances relevantes en la provisión de servicios públicos, también proponía transformaciones estructurales profundas —en el sistema político, el poder judicial y la organización territorial, sobre todo— que generaron rechazo transversal y acabaron por ser rechazadas en referéndum. Este tipo de procesos evidencian cómo, al debilitar su valor regulador, la constitución se vuelve más susceptible a ser instrumentalizada por gobiernos o mayorías circunstanciales que buscan legitimarse mediante reformas populistas o simbólicas, sin modificar de fondo las estructuras de poder ni fortalecer los contrapesos institucionales.
El cambio constitucional como símbolo —y herramienta— del poder
En los últimos años, el cambio constitucional ha adquirido una dimensión simbólica que excede su función normativa. No se invoca solo para ajustar el marco jurídico a nuevas realidades sociales, ahora también se perfila como un vehículo para representar victorias culturales o sellar pactos políticos de ruptura con el pasado. Esto ha convertido al proceso constituyente en un espacio donde distintos actores intentan proyectar su visión del orden social, utilizando la constitución como plataforma de legitimación. Este uso retrata la idea de «revolución completa», que es aquella que va más allá del cambio político y consolida una transformación de las estructuras sociales, las creencias colectivas y, en última instancia, del derecho mismo (Berman, 1996). El cambio constitucional es hoy lo que ayer era la Revolución francesa: la abolición de un régimen y el camino hacia otro mucho más luminoso —en teoría—.
Este componente simbólico puede observarse en procesos como el de Bolivia, donde la Constitución de 2009 incluyó el plurinacionalismo como expresión institucional de una lucha social prolongada (que continúa dividiendo a los bolivianos hoy), o en Chile, donde el proyecto constitucional elaborado en 2022 buscó incorporar las demandas surgidas de las calles, que siguen como asignaturas pendientes para el actual gobierno. Si bien estas transformaciones buscan reflejar una nueva identidad colectiva, también pueden abrir la puerta a una utilización estratégica del proceso constitucional por parte de élites que aprovechan la carga emocional y simbólica del momento para promover reformas estructurales en beneficio propio. Así, el cambio constitucional deja de ser solo una respuesta técnica y se convierte en un campo de disputa por el sentido y el control del orden institucional.
Por qué esto importa hoy: Ciudadanía y Estado de derecho
Las muertes constitucionales no solo debilitan el entramado político, tienen consecuencias directas sobre la vida cotidiana de los ciudadanos. Cuando una constitución pierde autoridad normativa —porque se reforma con frecuencia, se ignoran sus límites o se convierte en una herramienta de poder—, se rompe el vínculo de confianza entre la ciudadanía y el Estado. Esto se traduce en incertidumbre jurídica sobre derechos civiles, propiedad o contratos, pero también en una erosión del horizonte de expectativas que una sociedad puede proyectar. La inestabilidad constitucional genera contextos menos propicios para la inversión, el empleo y el desarrollo, afectando a los sectores más vulnerables (International Institute for Democracy and Electoral Assistance [IDEA], 2018).
A nivel social, la degradación del orden constitucional tiende a acompañarse de menor transparencia, mayor corrupción y desconfianza institucional. Como ha mostrado el Latinobarómetro, la confianza en los gobiernos latinoamericanos cayó a niveles cercanos al 20 % desde 2009 hasta 2018; es decir, apenas uno de cada cinco ciudadanos manifestaba confianza en sus autoridades nacionales (Corporación Latinobarómetro, 2018). Esta crisis de legitimidad se ve reforzada por la reducción de los espacios de participación de la sociedad civil organizada —como ONG, gremios, observatorios ciudadanos y medios independientes—. Esto limita su capacidad de actuar como contrapeso frente a los abusos del poder y debilita los mecanismos de balance frente al Estado, facilitando que los regímenes con tendencias autoritarias consoliden su poder sin resistencias significativas.
Frente a este panorama, el ciudadano común percibe que su vida queda a merced de decisiones arbitrarias, pues las constituciones se vacían de contenido normativo y se convierten en plataformas de reformas inestables o intereses sectoriales. Así, la constitución deja de ofrecer protección frente al poder y se vuelve una herramienta más del poder, lo que representa un golpe a la ciudadanía. Al final, se aprecia que no solo pierden las élites desplazadas, sino que pierde la sociedad en su conjunto, al ver reducidos sus márgenes de libertad, de justicia y de previsibilidad democrática.
Reflexiones: ¿Qué nos deja este diagnóstico?
Las constituciones latinoamericanas no están muriendo únicamente por golpes o reformas autoritarias; están muriendo por desgaste, por manipulación, por inestabilidad normativa y por desafección ciudadana. Este artículo ha planteado que la muerte constitucional es un proceso lento, pero profundamente dañino, que no solo afecta la arquitectura política, sino que descompone el contrato social que debería sostener la vida democrática. La hiperreforma, la captura de los poderes, la transformación de las constituciones en plataformas programáticas o simbólicas, y la renuncia a principios básicos como la separación de poderes o la seguridad jurídica, son todos síntomas de un mal más profundo: el fracaso institucional para canalizar, representar y responder a las necesidades de la ciudadanía.
Desde esta perspectiva, el auge de los cambios constitucionales no constituye el problema en sí mismo, sino la señal más visible de un problema más estructural: Estados débiles e ineficaces, élites políticas que gobiernan con lógicas cortoplacistas y un aparato institucional que no garantiza derechos ni construye confianza ni produce políticas públicas eficientes. La ciudadanía, ante esta disfuncionalidad, acaba por desconfiar no solo de sus gobiernos, sino de la constitución misma. El resultado es un círculo vicioso de reformas constantes que, lejos de fortalecer el orden constitucional, lo debilitan más. En este contexto, es urgente reivindicar una visión más sobria y realista de lo que una constitución debe ser. Sartori (2016) ya nos advertía que una buena constitución no es la más ambiciosa, ni la más extensa, ni la que más derechos promete, sino la que mejor organiza el poder y establece límites claros a su ejercicio. Volver a esa tradición —de normas generales, estables, abiertas y difíciles de manipular— es esencial para reconstruir la legitimidad constitucional en la región.
Para responder a esta crisis de legitimidad constitucional, es necesario articular una agenda de recuperación que parta de principios básicos pero firmes. En primer lugar, se requiere rediseñar los mecanismos de reforma para evitar su uso estratégico por parte de mayorías coyunturales; esto implica establecer procedimientos más exigentes, cláusulas de intangibilidad para elementos fundamentales del orden democrático y mayor deliberación pública. En segundo lugar, debe garantizarse la independencia judicial y la autonomía legislativa como pilares indispensables para reequilibrar el poder, restableciendo frenos y contrapesos hoy debilitados. En tercer lugar, es urgente revertir la tendencia de constitucionalizar políticas públicas; estas deben volver al terreno de la deliberación democrática ordinaria, sin sobrecargar el texto constitucional con promesas irrealizables.
Además, la ciudadanía debe ser parte activa del proceso de recuperación: el contexto exige promover la educación cívica y el conocimiento práctico del Estado de derecho como herramientas de participación y vigilancia. Finalmente, es esencial que los Estados latinoamericanos aprendan a escuchar el malestar social y lo traduzcan en políticas públicas legítimas, técnicamente sólidas y capaces de responder a las verdaderas necesidades de la población. El desafío no es únicamente normativo, es profundamente político y social. Sin una institucionalidad que funcione, ninguna constitución, por perfecta que sea, podrá sostener la democracia.
Referencias
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