Recursos estratégicos y escasez: Una disputa permanente

Strategic Resources and Scarcity: An Ongoing Dispute

Pedro Trujillo Álvarez

Universidad Francisco Marroquín

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ORCID: https://orcid.org/0009-0002-0070-1387

Resumen: El presente trabajo analiza cómo el control de los recursos naturales estratégicos por parte de los Estados ha configurado la política internacional desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Examina la transición histórica del carbón y el acero —bases del poder industrial y militar y origen de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero— hacia el petróleo, el gas y el uranio como ejes determinantes de conflictos y alianzas globales. Posteriormente, la era nuclear y el auge de los minerales tecnológicos, como el litio y las tierras raras, revelan una constante reconfiguración de las fuentes de poder. El estudio sostiene que la geopolítica tradicional ha evolucionado hacia la geoeconomía y, más recientemente, hacia la geotecnología, donde el acceso a recursos críticos y la innovación tecnológica definen las jerarquías mundiales. En definitiva, la escasez y el control de los recursos estratégicos siguen siendo pilares esenciales del poder y la competencia global en el siglo XXI.

Palabras clave: recursos, estrategia, poder, energía, minerales, escasez.

Abstract: This paper analyzes how the control of strategic natural resources by states has shaped international politics from the late nineteenth century to the present. It examines the historical transition from coal and steel—foundations of industrial and military power and the origin of the European Coal and Steel Community—to oil, gas, and uranium as key drivers of global conflicts and alliances. Subsequently, the nuclear era and the rise of technology-dependent minerals such as lithium and rare earth elements reveal a constant reconfiguration of power sources. The study argues that traditional geopolitics has evolved into geoeconomics and, more recently, into geotechnology, where access to critical resources and technological innovation define global hierarchies. Ultimately, the scarcity and control of strategic resources remain essential pillars of power and international competition in the twenty-first century.

Keywords: resources, strategy, power, energy, minerals, scarcity.

Introducción

La historia de la humanidad está marcada por la búsqueda, la explotación y el control de los recursos naturales como motor del desarrollo económico y base material de poder. La escasez, entendida no solo como la limitación física de los bienes naturales, sino también como su desigual distribución y acceso, ha configurado los ejes fundamentales de la política internacional desde el surgimiento del Estado moderno.

Durante los siglos XIX y XX, la competencia por el control de materias primas, fuentes de energía y rutas comerciales definió el ascenso y declive de imperios, orientó estrategias coloniales y determinó la estructura del sistema económico mundial. En este contexto, los Estados se consolidaron como actores centrales en la gestión y apropiación de los recursos, articulando políticas de expansión, industrialización y control territorial que respondían tanto a intereses económicos como a imperativos estratégicos.

En el siglo XIX, la Revolución Industrial intensificó la demanda de carbón, hierro, caucho y posteriormente petróleo, generando un proceso de expansión estatal que transformó la geografía política global. Las potencias europeas, movidas por la necesidad de garantizar el suministro constante de materias primas para sus industrias, emprendieron una carrera por la colonización y el dominio de territorios en África, Asia y América Latina. El control de los recursos se convirtió en sinónimo de poder, y la capacidad de transformar la naturaleza mediante la tecnología industrial se asoció directamente con la proyección de influencia global. Así, la economía política internacional se estructuró sobre una lógica de acumulación material y expansión territorial.

Durante el siglo XX, la dinámica de competencia se reconfiguró bajo los parámetros de la geopolítica y la seguridad nacional. Los recursos energéticos —especialmente el petróleo, el gas natural y el uranio— se transformaron en instrumentos de poder y en factores determinantes de los conflictos internacionales. La industrialización militar, las guerras mundiales y la posterior Guerra Fría evidenciaron la estrecha relación entre el dominio de los recursos y la capacidad de proyección del poder estatal. Las potencias desarrollaron complejas estrategias de acceso y control, mediante alianzas, intervenciones o la creación de organismos internacionales que regularon los flujos de materias primas.

En el siglo XXI, la lógica de la escasez ha adquirido nuevas dimensiones. La transición hacia «lo digital» ha desplazado el interés por los minerales estratégicos —litio, cobalto, níquel, tierras raras y grafito, entre otros— esenciales para la producción de baterías, microchips, vehículos eléctricos y tecnologías de inteligencia artificial. Estos materiales se han convertido en el núcleo de una nueva competencia global que combina geoeconomía, innovación tecnológica, geotecnología y seguridad nacional.

En este escenario, los Estados retoman un papel protagónico como reguladores y protectores de los recursos críticos en su territorio, al tiempo que las grandes potencias libran una silenciosa disputa por su control. La escasez de recursos, lejos de ser un fenómeno natural, emerge así como una construcción política que revela la persistente interdependencia entre poder y tecnología en la configuración del orden mundial contemporáneo.

La escasez como punto de partida

El Ensayo sobre el principio de la población de Thomas Malthus, publicado por primera vez en 1798, postula que el crecimiento poblacional supera al de la producción de alimentos: «La población tiende a crecer en progresión geométrica, mientras que los alimentos solo aumentan en progresión aritmética» (Malthus, 1798/1846, pp. 4 y 6). Esta disparidad, concluye, conduce inevitablemente a la escasez, la miseria y la muerte prematura debido a vicios, enfermedades y hambrunas, a menos que se implementen controles. El «moderno leviatán» queda justificado.

Todos los recursos son escasos por definición. No hay nada eterno ni infinito, lo que lleva a analizar y estudiar el uso de estos y la forma de utilizarlos. De entre todos ellos, hay algunos que se denominan recursos estratégicos, y son definidos como aquellos que:

responden a las siguientes condiciones relativas a su valor de uso, por sí mismas suficientes: a) ser clave en el funcionamiento del modo de producción capitalista; b) y/o ser clave para el mantenimiento de la hegemonía regional y mundial c) y/o ser clave para el despliegue de una economía verde o de posdesarrollo; y las siguientes condiciones relativas a su disponibilidad, de por sí necesarias: a) escaso –o relativamente escaso–; b) insustituible –o difícilmente sustituible–; c) desigualmente distribuido. (Fornillo, 2014, p. 80)

Por lo tanto, las condiciones que los determinan como tales son: la escasez, la no sustituibilidad y la desigualdad de distribución. Además de lo anterior, y para que sean de interés estatal, hay que agregarles que tengan una especial relevancia estratégica para sectores clave como la energía, la industria militar, la producción electrónica o la agricultura.

Establecido lo anterior, es posible identificar diversos tipos de recursos estratégicos y agruparlos en bloques de interés. Entre ellos destacan, por un lado, los vinculados con la seguridad humana —como el agua, los alimentos básicos o las tierras cultivables—, y por otro, los relacionados con la industria y el comercio, entre los cuales se incluyen los recursos energéticos, los minerales y ciertos cultivos utilizados en la industria farmacéutica o en la producción de drogas.

No obstante, los recursos considerados prioritarios por los Estados no han sido siempre los mismos, sino que han variado a lo largo del tiempo conforme a las transformaciones económicas, tecnológicas y geopolíticas. Algunos, como el oro y la plata, han mantenido su importancia durante siglos, mientras que otros —como el hierro, el aluminio, el cobre o el uranio— adquirieron relevancia en contextos históricos específicos, llegando incluso a definir periodos enteros de desarrollo, y de conflicto.

En épocas pasadas, la posesión de extensas tierras fértiles y de poblaciones dedicadas a su cultivo constituía la base del poder político y económico. La tierra era, en sí misma, un recurso estratégico que perseguía la autosuficiencia alimentaria, la producción de bienes y el intercambio. Sin embargo, en la actualidad, el valor del territorio no se mide necesariamente por su extensión, sino por los recursos o capacidades que concentra, o los servicios que en él se prestan. Existen Estados con dimensiones territoriales reducidas que, pese a ello, poseen altos niveles de desarrollo gracias a su capital humano, tecnológico o financiero.

A lo largo de la historia, la creación de riqueza ha seguido distintas etapas, vinculadas a lo que los Toffler denominan las tres «olas» del desarrollo humano. La primera se fundamentó en hacer crecer cosas, es decir, en la agricultura y la ganadería; la segunda, en fabricar cosas, característica de la era industrial; y la tercera, en pensar y generar conocimiento, asociada a la economía de la información y los servicios. Cada una de estas etapas ha reconfigurado las prioridades estratégicas de los Estados, orientando sus políticas hacia el control y la protección de los recursos considerados como más valiosos en cada momento histórico (Toffler y Toffler, 2006).

La posesión de tierras fue determinante durante los siglos XVIII y XIX (y anteriores), motivando la expansión colonial europea en busca de territorios fértiles y recursos naturales. De esa lógica surgió la llamada «teoría del espacio», que vinculaba poder político con control territorial. Hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, Alemania reformuló dicha idea bajo el concepto de Lebensraum (espacio vital), convirtiéndola en el eje de su política exterior. La derrota en la Primera Guerra Mundial y la pérdida de colonias alimentaron un sentimiento de humillación nacional que, durante el período de entreguerras, fue aprovechado por el régimen nazi. En ese contexto, la noción de espacio vital se transformó en un instrumento ideológico para justificar el expansionismo territorial, las políticas raciales y el militarismo que caracterizaron a la Alemania nazi.

Geopolítica y recursos

La geopolítica constituye una disciplina que analiza las interrelaciones entre el poder político, el territorio y el espacio geográfico, buscando comprender cómo la ubicación, la extensión y las características físicas de los Estados influyen en su capacidad de proyectar poder e influencia. En este ámbito, uno de los aportes más influyentes corresponde al geógrafo y político británico Halford John Mackinder (1861-1947), considerado uno de los fundadores de la geopolítica clásica.

Mackinder formuló su célebre teoría del Heartland —o «teoría del área pivote»— en su ensayo The Geographical Pivot of History (1904), en el que propuso que el control del espacio terrestre central de Eurasia representaba la clave para el dominio mundial. Según su planteamiento, existía una vasta región continental que se extendía desde Europa Occidental hasta el extremo oriental de Rusia, abarcando la península arábiga, Asia Central, India, China, Corea y el norte de África. A esta zona la denominó «Isla del Mundo» (World-Island), por concentrar la mayor proporción de población, recursos naturales y rutas comerciales estratégicas del planeta.

El núcleo de dicha área —el Heartland o «corazón continental»— lo situó en Eurasia, particularmente en la franja comprendida entre Europa del Este, Turquía y la cuenca del Mar Negro, región que consideraba geoestratégicamente decisiva por su posición interior y su dificultad de acceso desde el mar. Mackinder argumentaba que, a diferencia de las potencias marítimas, las potencias continentales que lograran dominar ese espacio interior poseerían una ventaja estructural en términos de movilidad, defensa y recursos.

En síntesis, Mackinder (1904) condensó su teoría en una de las frases más emblemáticas de la geopolítica moderna: quien controle el corazón territorial controlará la Isla del Mundo, y quien controle la Isla, controlará el mundo,1 lo que sirvió para numerosas actuaciones estatales en busca del control de la zona estratégica.

Esta formulación reflejaba una visión de la política internacional basada en la geografía como determinante del poder, y anticipaba las tensiones geoestratégicas que marcarían buena parte del siglo XX, especialmente durante la confrontación entre potencias continentales y marítimas en los contextos de las dos guerras mundiales y la Guerra Fría.

En diferentes partes del libro de Adolf Hitler, Mi lucha, se pueden leer referencias a la necesidad de contar con espacio para la nación alemana, y sus necesidades. En distintos discursos se observan también frases relativas a lo mismo:

Sin embargo, la teoría del espacio vital no fue una expresión exclusiva del pensamiento nacionalsocialista. Aunque el régimen nazi la reinterpretó y radicalizó con fines expansionistas y raciales, su origen y aplicación trascienden dicho contexto histórico. En realidad, el concepto se vincula con la noción más amplia de escasez de recursos y con la búsqueda del poder derivado del control territorial y material, aspectos que han sido objeto de reflexión por parte de diversos tratadistas y escuelas geopolíticas:

Strong, healthy, and flourishing nations increase in numbers. From a given moment they require a continual expansion of their frontiers, they require new territory for the accommodation of their surplus population. Since almost every part of the globe is inhabited, new territory must, as a rule, be obtained at the cost of its possessors−that is to say, by conquest, which thus becomes a law of necessity. (Friedrich, 1914, pp. 73-74)

De esta manera, la teoría del espacio vital debe entenderse no solo como una doctrina política de carácter ideológico, sino también como una interpretación de la relación entre territorio, poder y supervivencia estatal, presente en distintos momentos de la historia y en diversas concepciones del pensamiento geopolítico.

La teoría no se limitaba a la mera obtención de recursos materiales o a la expansión económica, sino que respondía también a una lógica de seguridad y defensa. En este sentido, el control del espacio garantizaba acceso a los recursos estratégicos necesarios para sostener a la población y la economía, y también proporcionaba una profundidad espacial indispensable para la defensa militar frente a amenazas externas. La escasez o limitación del territorio —especialmente en Estados con fronteras vulnerables o rodeados por potencias rivales— era percibida como un obstáculo para su supervivencia. Por el contrario, disponer de un espacio más amplio, preferiblemente protegido por barreras naturales como montañas, ríos o mares, permitía diseñar estrategias defensivas más sólidas y efectivos.

Desde esta perspectiva, el Lebensraum puede interpretarse como una respuesta geopolítica a la tensión entre expansión y seguridad, donde la apropiación o control del territorio se convierte en un medio para asegurar la estabilidad interna y proyectar poder en el entorno internacional. En un artículo titulado «El espacio como arma» (1932), el general Wolf Schenker analiza la influencia del factor espacio en la guerra, e indica lo siguiente:

El bando que ataca a un país que posee un amplio espacio debe obtener una rápida victoria. Esta victoria no puede obtener haciendo retroceder paulatinamente al enemigo hasta que se haya ocupado el territorio que se ambiciona. Si el atacante se contenta con un avance semejante, da al enemigo el tiempo y la oportunidad necesarios para reorganizarse en las vastas zonas no ocupadas de su territorio, y para movilizar todos los recursos de que dispone, a fin de continuar la guerra. (Atencio, 1951, p. 279)

Establecida, aunque de manera general, la relevancia de la escasez territorial como factor determinante en la política internacional del siglo XIX y la primera mitad del XX, puede afirmarse que fue lo que impulsó a numerosos Estados a emprender políticas expansionistas. Dichas políticas se justificaban en la necesidad de asegurar la supervivencia nacional frente al crecimiento demográfico acelerado y la insuficiencia de recursos naturales. La expansión territorial era concebida, en ese contexto y desde un punto de vista estatocéntrico, como una estrategia legítima de preservación del Estado y de garantía del bienestar de su población (Barbe, 1987).

En el ámbito político-estratégico del siglo XX, la configuración del poder internacional estuvo marcada por la creciente necesidad de contar con fuerzas militares capaces de asegurar el control de espacios geográficos clave, y de sus recursos. Este planteamiento adquirió una nueva dimensión con la teoría del poder marítimo desarrollada por el almirante estadounidense Alfred Thayer Mahan, quien subrayó la importancia del dominio naval como elemento central para el desarrollo económico, militar y político de las naciones.

Según Mahan, el control de los mares no solo permitía garantizar la libertad de comercio y el acceso a mercados globales, sino también proyectar poder más allá de las fronteras nacionales, constituyéndose en un instrumento esencial para la expansión imperial y la influencia internacional. En su formulación teórica, el autor distinguía dos componentes complementarios del poder marítimo: los intereses marítimos, que proporcionan la sustancia material del poder, y el poder naval, encargado de su defensa y proyección. «El poder marítimo está integrado por dos elementos de distinta naturaleza, pero complementarios: los intereses marítimos, que le otorgan la sustancia, y el poder naval que los defiende» (Tergazos Cuadros, 2006, p. 7).

El surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1945, marcó un punto de inflexión en este paradigma. La Carta de las Naciones Unidas estableció un nuevo marco jurídico internacional que prohíbe expresamente el uso de la fuerza o la agresión armada contra otro Estado como medio para resolver disputas o ampliar territorios. A partir de entonces, las fronteras reconocidas en 1945 —así como los conflictos territoriales pendientes— solo pueden modificarse mediante acuerdos bilaterales o multilaterales entre las partes implicadas, o a través de sentencias emitidas por el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ). De esta manera, la voluntad expansionista que caracterizó a las grandes potencias durante los siglos precedentes quedó, en buena medida, congelada en el orden internacional de la Guerra Fría.

Ante la imposibilidad de recurrir a la ocupación territorial como mecanismo de poder, los Estados comenzaron a reorientar sus estrategias hacia el control de los recursos, sustituyendo la conquista territorial por formas más sutiles de dominación económica, tecnológica y energética. De tal suerte, ciertos recursos —especialmente el carbón y el acero, pilares de la producción armamentista y de la reconstrucción europea— adquirieron un papel central en la configuración del sistema internacional.

La creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 1949 representó un punto de inflexión en la dinámica político-estratégica global. La nueva alianza buscaba contener la expansión soviética y asegurar la defensa colectiva de los Estados occidentales, y redefinió el papel de los llamados «Estados colchón» —territorios situados entre los bloques rivales— como zonas de amortiguamiento geopolítico. En respuesta, la Unión Soviética consolidó su propia esfera de influencia mediante la creación del Pacto de Varsovia (1955), diseñado para articular una defensa común frente a las potencias occidentales y preservar un cinturón de seguridad en Europa del Este.

En 1951 se firmó en París el tratado que dio origen a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), integrada por Francia, Italia, Alemania, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Este acuerdo estableció una autoridad supranacional encargada de regular la producción, distribución y comercialización de dichos recursos, garantizando su gestión colectiva y transparente. Así, la CECA representó una primera experiencia de integración económica sectorial, limitada en alcance pero significativa en su objetivo: transformar los antiguos instrumentos de guerra en mecanismos de cooperación y desarrollo compartido.

Con el transcurso del tiempo, el petróleo y el gas natural fueron desplazando progresivamente al carbón como principal fuente energética, lo que redujo el sentido estratégico de la alianza basada en dicho recurso. La atención de los Estados se orientó entonces hacia la obtención y control de los nuevos recursos energéticos, especialmente el petróleo, cuya importancia geopolítica creció de manera exponencial a lo largo del siglo XX. En este contexto, se produjeron numerosos conflictos en los que el petróleo constituyó un factor determinante, ya fuera como causa directa o como elemento subyacente de las disputas. La posesión, o al menos el dominio indirecto, de los principales yacimientos petroleros se convirtió en un objetivo prioritario de las políticas exteriores de las grandes potencias.

El derrumbe del Muro de Berlín (1989) y la disolución de la URSS (1991) transformaron radicalmente el equilibrio de poder en Eurasia. Los Estados que hasta entonces habían estado bajo la órbita soviética iniciaron procesos de liberalización política, democratización e integración progresiva a estructuras occidentales, especialmente la Unión Europea y la OTAN. No obstante, aunque el antiguo «espacio colchón» se redujo significativamente —limitándose prácticamente a Bielorrusia y Ucrania en la actualidad—, estas naciones conservaron una relevancia geopolítica estratégica, al ubicarse en el corazón del pivote geográfico de Europa del Este, zona que históricamente ha sido escenario de disputas entre potencias continentales y marítimas.

En 1960, los países productores de petróleo reaccionaron frente a la dependencia y al control ejercido por las potencias importadoras mediante la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Dicha organización buscaba coordinar y unificar las políticas petroleras de sus miembros con el fin de asegurar precios justos y una distribución más equitativa de los beneficios derivados de la producción. La región de Oriente Medio, que concentraba la mayor cantidad de reservas de petróleo y gas del planeta, se convirtió entonces en un escenario estratégico, caracterizado por la presencia de regímenes autoritarios, tensiones internas y conflictos prolongados, varios de ellos vinculados al Estado de Israel y al equilibrio geopolítico global.

Paralelamente, la industria nuclear adquirió una relevancia creciente, no únicamente en el ámbito militar —a través de la fabricación de armas nucleares—, sino también en el campo energético. Las grandes potencias buscaron simultáneamente garantizar el suministro de petróleo y acceder a yacimientos de materiales radioactivos, al tiempo que conformaban un círculo restringido de Estados con capacidad tecnológica y científica para realizar ensayos atómicos. Este contexto dio lugar, en 1968, a la entrada en vigor del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), instrumento que estableció un régimen en el que solamente los denominados Estados poseedores2 —coincidentes con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas— podían mantener arsenales nucleares bélicos, aunque se permitía el desarrollo nuclear con fines pacíficos. Con el fin de reforzar dicho marco de control y limitar la proliferación nuclear (mantener el recurso escaso, y por tanto de mayor valor), se promovieron tratados regionales que declaraban zonas libres de armas nucleares a diversas áreas geográficas.3

En este marco, la anexión de Crimea por parte de la Federación Rusa en 2014 puede interpretarse como una reafirmación de la lógica geopolítica clásica. Al garantizarse un acceso permanente y seguro al Mar Negro, Rusia fortaleció tanto su proyección naval como su capacidad de control sobre rutas comerciales y estratégicas, además de buscar el control de una gran cantidad de recursos existentes en la zona.4 Este hecho reflejó la persistencia de los intereses tradicionales del poder marítimo, evidenciando la continuidad de los principios formulados por Mahan: la necesidad de controlar los puntos nodales del comercio y la defensa marítima para asegurar los recursos, la estabilidad y la influencia de una potencia en el sistema internacional.

En conjunto, las grandes potencias comprendieron que el control de los recursos escasos —como el petróleo, el gas y ciertos minerales estratégicos— representaba una herramienta esencial para el ejercicio del poder en el sistema internacional. La segunda mitad del siglo XX, por tanto, estuvo marcada por políticas orientadas al control directo o indirecto de espacios geográficos dotados de tales recursos, consolidando así la relación entre poder, energía y dominación en la política mundial.

La geoeconomía reemplaza a la geopolítica

El sistema internacional establecido tras 1945 consolidó el idealismo como una de las principales corrientes teóricas de las relaciones internacionales. No obstante, durante la Guerra Fría, el realismo político adquirió una posición central al explicar la dinámica bipolar del poder global (Tovar Ruiz, 2014). Con la disolución de la Unión Soviética (URSS) y el consecuente fin de la polarización Este-Oeste, emergió la percepción de que el mundo transitaba hacia un idealismo más profundo, caracterizado por un enfoque diplomático orientado a la resolución pacífica de conflictos. Este nuevo orden se sustentó en dos pilares esenciales: la promoción de la democracia liberal y la búsqueda de la paz internacional, respaldados por el fortalecimiento de las organizaciones multilaterales, el derecho internacional, el diálogo diplomático y el desarme progresivo.

En este contexto, la reconfiguración del poder global permitió a China proyectarse internacionalmente y consolidar una estrategia de control geoeconómico mediante inversiones, préstamos y adquisiciones estratégicas. Este fenómeno se manifestó con particular intensidad en América Latina, una región históricamente bajo la influencia de Estados Unidos, pero que en las últimas décadas ha sido escenario de una expansión sistemática del poder chino. Así, la tradicional confrontación geopolítica entre Estados Unidos y la URSS fue progresivamente sustituida por una competencia geoeconómica, en la que China emergió como principal contendiente.

América Latina experimentó un incremento sostenido de inversiones chinas, precedidas por el establecimiento de relaciones diplomáticas formales y el aislamiento progresivo de Taiwán.5 Un informe de 2022 sobre el comercio sino-latinoamericano destaca no solo el crecimiento de las importaciones procedentes de China, sino también el objetivo estratégico de Pekín de consolidar su influencia regional antes de 2049, año simbólico para el centenario de la República Popular China (Hurtado, 2022).

De acuerdo con el informe CEU-CEFAS (2023), entre 2000 y 2021 se ejecutaron 305 inversiones chinas en nuevos proyectos en la región, con una suma aproximada de 51,000 millones de dólares. La inversión extranjera directa se concentró principalmente en Brasil (35%), Perú (17%) y México (10%), diversificándose desde 2015 hacia sectores estratégicos como energía, infraestructura portuaria, telecomunicaciones y transporte (Moya Garcia-Renedo y Puig de la Bellacasa Aznar, 2023).

Sin embargo, esta creciente presencia china plantea riesgos estructurales. Como advirtió un reportaje de France 24 (2022), las élites políticas y económicas de algunos países latinoamericanos perciben el modelo chino como una evidencia de que el desarrollo económico puede alcanzarse sin democracia liberal. Este enfoque —de naturaleza ideológica y pragmática— se complementa con la provisión de asistencia financiera y cooperación internacional, lo que atrae a varios países pequeños, especialmente en Centroamérica, hacia una esfera de influencia donde «la democracia no es necesaria como sistema».6

Dos factores destacan en esta estrategia: el control de puertos estratégicos y la cuestión del fentanilo, que constituye un nuevo foco de tensión entre China y Estados Unidos. La proliferación de precursores químicos provenientes de Asia, utilizados en la producción de drogas sintéticas, parecen haberse utilizado como instrumento de presión geoeconómica dentro de una competencia tecnológica y sanitaria asimétrica. En paralelo, la disputa sobre la soberanía de Taiwán continúa siendo un punto de fricción. La visita de Nancy Pelosi a la isla en 2022, entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, provocó una reacción inmediata de Pekín, que anunció la suspensión de toda cooperación bilateral en materia de delitos transnacionales, evidenciando la tensión latente entre ambas potencias.

A mediano plazo, es plausible prever que el sistema internacional sea profundamente moldeado por la expansión económica y tecnológica de China, que ejerce control directo o indirecto sobre múltiples naciones mediante la adquisición de deuda externa, los créditos blandos, las inversiones estratégicas, las donaciones y la interdependencia comercial. Un escenario de mayor complejidad se vislumbra en su avance tecnológico, que amenaza con superar al de las potencias occidentales y modificar la estructura de poder global.

En conclusión, la expansión financiera y política de China en el continente americano y su proximidad estratégica a la frontera sur de Estados Unidos constituyen una transformación sustantiva del equilibrio hemisférico. Mientras las democracias liberales demandan transparencia y rendición de cuentas, los regímenes autoritarios aprovechan la geoeconomía como un instrumento de poder, capaz de alterar el orden internacional sin recurrir a la fuerza militar, pero con efectos igual o más profundos sobre la soberanía y la estabilidad global.

El objetivo sigue siendo el mismo: el control de los recursos o de zona de interés geopolítico, en esta ocasión por medio de donaciones o inversiones.

Geotecnología, un nuevo vector que requiere recursos minerales

La geotecnología debe entenderse como la proyección del poder estatal mediante el uso, control y desarrollo de tecnologías de punta —denominadas ultratech—,7 así como de los recursos estratégicos que dichas innovaciones requieren. Este enfoque no solo persigue fortalecer las capacidades nacionales de innovación tecnológica, sino también limitar la libertad del adversario para desarrollar «nuevas armas» y sistemas disruptivos, obligándolo a redirigir recursos hacia la defensa frente a los efectos derivados del uso de estas tecnologías emergentes.

En este escenario, la ciberseguridad y la ciberguerra (el ciberconflicto) se consolidan como pilares fundamentales de una nueva forma de confrontación global, caracterizada por su naturaleza silenciosa, remota y asimétrica. Estas modalidades de conflicto son difíciles de rastrear y atribuir, lo que hace complejo la identificación del agresor y, por tanto, la aplicación de mecanismos tradicionales de disuasión o represalia. En consecuencia, los Estados se ven forzados a invertir en la protección de infraestructuras críticas, en el desarrollo de capacidades tecnológicas avanzadas y en la obtención de materias primas específicas —como los minerales estratégicos y las tierras raras—, consideradas hoy los recursos esenciales del siglo XXI.

En esta línea, Estados Unidos ha comenzado a implementar una estrategia de contención tecnológica y científica que podría definir la dinámica de poder de las próximas décadas. Su propósito es doble: por una parte, limitar la proyección marítima, económica y tecnológica de China, conteniendo su expansión geopolítica y geoeconómica; y por otra, garantizar el acceso y control de los recursos estratégicos necesarios para el desarrollo de tecnologías críticas —inteligencia artificial, semiconductores, computación cuántica, biotecnología y defensa hipersónica—, evitando que esos mismos recursos puedan ser empleados por competidores globales.

No obstante, la apertura de múltiples frentes estratégicos supone un riesgo considerable de dispersión de capacidades, tanto militares como tecnológicas. Esta sobreextensión explicaría una eventual reorientación táctica de la política exterior estadounidense, caracterizada por una disminución temporal de su involucramiento directo en el conflicto europeo y un mayor énfasis en la contención del poder asiático. En ese marco, Rusia podría ser considerada, de forma pragmática, un aliado circunstancial de Washington frente a Pekín, mientras que la Unión Europea podría adoptar una postura más ambigua o incluso alinearse parcialmente con los intereses estadounidenses, en defensa de su propia seguridad tecnológica y energética.

Paralelamente, Washington ha intensificado una ofensiva diplomática en América Latina, con el propósito de reafirmar su influencia histórica en la región y contrarrestar la presencia económica y tecnológica de China. Esta estrategia busca revitalizar el espíritu de la doctrina Monroe, no ya en términos militares, sino como una forma de contención geoeconómica y geotecnológica orientada a impedir la consolidación de un bloque asiático en el hemisferio occidental. El objetivo es recuperar posiciones estratégicas, asegurar el suministro de recursos críticos y fortalecer alianzas con los países latinoamericanos frente a las crecientes presiones del nuevo orden multipolar.

El libro El mundo según China (Economy, 2023) examina detalladamente los objetivos económicos, políticos y militares de Pekín. Expone cómo China emplea lo que se denomina «poder agudo» (poder punzante o sharp power), el cual «se centra en la distracción y la manipulación». Este concepto fue descrito por el Journal of Democracy en un informe de 2018, resaltando la forma en que China influye en el escenario global:

El poder punzante es un enfoque en los asuntos internacionales que generalmente implica censura o manipulación para socavar la integridad de las instituciones independientes. Este enfoque se aprovecha de la asimetría entre sistemas libres y no libres, permitiendo a los regímenes autoritarios limitar la libertad de expresión y distorsionar el entorno político en las democracias, a la vez que protegen sus propios espacios públicos nacionales de los llamados democráticos provenientes del exterior. (Walker, 2018, p. 12)

El denominado «poder punzante» de China se manifiesta con creciente claridad mediante el uso estratégico de su vasto mercado interno como instrumento de presión e influencia sobre las corporaciones multinacionales. Dicho poder se ejerce principalmente a través de mecanismos económicos y tecnológicos que condicionan la conducta empresarial global. Ejemplos paradigmáticos incluyen los casos en los que aerolíneas internacionales debieron rectificar en sus sitios web la referencia a Taiwán como territorio separado, o cuando marcas globales que denunciaron abusos contra la minoría uigur en Xinjiang fueron objeto de boicots organizados dentro del ecosistema digital chino, estrictamente controlado por el Estado. Estas acciones, amplificadas por campañas de nacionalismo digital, actúan como un mecanismo de coerción económica y simbólica, orientado a garantizar la alineación corporativa con la narrativa política del Partido Comunista Chino.

Pekín continúa aplicando la práctica de la «transferencia de tecnología coaccionada», mediante la cual se exige a las empresas extranjeras la cesión parcial de conocimientos tecnológicos como condición indispensable para acceder al mercado chino. Esta política responde a una estrategia de largo plazo que persigue dos objetivos fundamentales: fortalecer la autonomía tecnológica nacional y consolidar la posición de China como potencia innovadora e imponer estándares tecnológicos propios, desplazando progresivamente aquellos establecidos por Occidente, en especial por Estados Unidos, en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, la inteligencia artificial y la computación cuántica.

La lógica subyacente a esta política no se limita a la autosuficiencia tecnológica, sino que busca revertir la dependencia estructural del conocimiento extranjero, permitiendo a Pekín pasar de ser un pagador de derechos de autor a convertirse en un generador de propiedad intelectual reconocida globalmente (recursos intelectuales). Con ese propósito, el Gobierno chino ha fijado el año 2035 como meta simbólica para alcanzar el liderazgo en innovación y estandarización internacional. En este marco, ha promovido la presencia de sus funcionarios en posiciones clave dentro de organismos globales de regulación técnica, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Organización Internacional de Normalización (ISO), donde se definen los estándares tecnológicos que rigen la economía mundial.

Estas acciones se inscriben en una estrategia integral de gobernanza global orientada a redefinir los principios normativos internacionales desde una perspectiva alineada con la visión política de Pekín. En ella, el Estado chino busca legitimar una concepción particular de los derechos humanos, donde los derechos económicos y sociales prevalecen sobre los derechos civiles y políticos individuales, y en la que el bienestar colectivo —interpretado y administrado por el Estado— se antepone a la libertad individual. De esta forma, la expansión tecnológica china no solo implica una competencia industrial, sino también una disputa por los valores y las normas que estructuran el orden global.

Estado, escasez y recursos estratégicos

La relación entre el Estado, la escasez y los recursos estratégicos constituye un eje central en la comprensión de la política contemporánea y de la economía internacional. En un contexto global caracterizado por la creciente competencia por bienes naturales limitados —como el agua, los hidrocarburos, los minerales o la tierra fértil—, la intervención del Estado responde a una lógica de soberanía y seguridad nacional, pero también de ejercicio del poder. Estos sectores concentran recursos que resultan esenciales para el funcionamiento de la economía, el bienestar social y la proyección internacional de un país. En consecuencia, el Estado dificulta o impide que su control quede en manos de actores privados. La escasez, lejos de ser solo un problema económico, se convierte en un factor político y geoestratégico que condiciona las decisiones, las alianzas internacionales y las políticas de seguridad. En definitiva: la supervivencia del Estado.

Históricamente, el Estado ha desempeñado un papel central en la gestión de los recursos energéticos, especialmente el petróleo, el agua, el gas y la electricidad. El dominio sobre estas fuentes no solo pretende garantizar el suministro interno, sino que también permite orientar las políticas industriales y de infraestructura. La energía es, por tanto, un instrumento de poder económico y geopolítico. En países ricos en recursos naturales, la nacionalización o regulación de estos sectores ha sido un fin gubernamental bajo la premisa de preservar beneficios económicos dentro de las fronteras y evitar la dependencia de actores externos.

De forma similar, la minería constituye otro ámbito donde la intervención estatal es una realidad. Los minerales estratégicos son insumos críticos para las nuevas tecnologías, desde la fabricación de baterías hasta la industria aeroespacial. Por ello, los Estados buscan asegurar su control mediante empresas públicas, estrictos marcos regulatorios o asociaciones con capital privado que mantengan la soberanía sobre la producción y exportación. En este contexto, la política minera deja de ser un asunto meramente económico para convertirse en una cuestión de interés nacional.

Frente a la escasez, el Estado asume funciones que trascienden el ámbito regulador tradicional (Bastos Boubeta, 2005). Interviene activamente mediante la planificación, la creación de reservas estratégicas, la promoción de tecnologías alternativas y la formulación de marcos jurídicos que controlan y limitan el uso de los recursos. En este sentido, la soberanía sobre los recursos naturales se vincula directamente con la noción de seguridad nacional y de poder. Por consiguiente, existe la percepción de que un Estado incapaz de garantizar el suministro de energía, alimentos o agua a su población compromete su economía, pero también su legitimidad y estabilidad política.

Además, la intervención estatal no se limita a la propiedad o explotación directa. Incluye la planificación energética, la regulación ambiental, la fijación de tarifas, la concesión de licencias, la explotación del subsuelo y la promoción de energías renovables. Medidas que se justifican para equilibrar el desarrollo económico con la sostenibilidad ecológica y la equidad social. La lógica subyacente y políticamente manejada es que los sectores estratégicos deben orientarse al bien común y no únicamente al lucro privado.

La competencia global por recursos escasos ha impulsado, además, nuevas dinámicas de cooperación y conflicto. Los Estados desarrollan estrategias diplomáticas, comerciales y militares para asegurar su acceso, mientras las potencias tecnológicas buscan sustituir materiales críticos mediante innovación. En este panorama, y con la visión antes indicada, la gestión eficiente y equitativa de los recursos estratégicos emerge como un desafío crucial para el Estado contemporáneo.

En síntesis, la escasez no solo revela los límites físicos del planeta, sino también los límites del poder estatal frente a un entorno global interdependiente. La capacidad del Estado para administrar los recursos estratégicos definirá, en última instancia, su soberanía, su desarrollo sostenible y su posición en el orden internacional del siglo XXI.8

Conclusiones

La evolución de la geopolítica hacia la geotecnología —con la geoeconomía como fase intermedia y articuladora— refleja un cambio profundo en las dinámicas del poder internacional. Ninguna de estas dimensiones sustituye por completo a las anteriores; más bien, se superponen y reconfiguran, integrando todas ellas la escasez de recursos como eje estructural de la competencia global. En la actualidad, el control de los recursos estratégicos —particularmente minerales críticos y tierras raras— se ha convertido en una prioridad de seguridad nacional, comparable en importancia a la defensa territorial o al poder militar tradicional, algo similar a lo ocurrido en siglos pasados con otros recursos.

Este desplazamiento del foco geopolítico hacia el terreno geotecnológico exige que los sistemas y las capacidades de análisis estratégico amplíen sus competencias. Los especialistas tradicionales en asuntos militares se han integrado con economistas, financieros y geólogos, capaces de comprender la interacción entre mercados, tecnología y recursos naturales. El acceso, la localización y la explotación de minerales estratégicos constituyen hoy la base material del poder, mientras su escasez redefine las alianzas internacionales, la diplomacia económica, los procedimientos estatales de intervención y los mecanismos de disuasión.

El análisis contemporáneo de la seguridad ya no se limita a medir capacidades bélicas o volúmenes de producción militar, sino que abarca indicadores de dependencia tecnológica, concentración de cadenas de suministro y vulnerabilidad energética. En este sentido, monitorear los precios internacionales del litio, el cobalto o las tierras raras resulta tan relevante como analizar el despliegue de armamento o la presencia naval. Los tratados de libre comercio, las inversiones extranjeras y las políticas de subsidio industrial determinan quién puede acceder a los recursos esenciales para sostener la innovación tecnológica y la defensa nacional.

Las amenazas a la seguridad de los Estados, por tanto, se han diversificado. El poder militar tradicional no es suficiente ni decisivo, sino que hay que tener en cuenta la capacidad de garantizar el acceso a los recursos que sustentan la producción tecnológica. En el siglo XXI, el control de minerales estratégicos equivale al control de la energía en el siglo XX: ambos son pilares del poder y de la justificación de la autonomía nacional. Esta nueva competencia por los recursos no solo implica rivalidades entre potencias, sino también riesgos globales derivados de la interdependencia.

La expansión de las tecnologías digitales, la automatización y la inteligencia artificial ha eliminado las fronteras tradicionales del conflicto y modificado su espacio; ahora se habla de guerra o conflicto multidominio que combina y coordina capacidades en todos los campos de batalla: tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio, junto con el dominio de la información. Un ciberataque a una empresa minera, a un sistema financiero o a una red logística puede tener consecuencias similares (o incluso superiores) a un acto bélico convencional, afectando economías enteras en cuestión de horas. En consecuencia, la seguridad internacional ha pasado de centrarse en la defensa territorial a incluir la protección de las infraestructuras críticas y las cadenas globales de suministro, configurando un nuevo tipo de «guerra silenciosa» en torno a la escasez de recursos y la supremacía tecnológica.

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  1. 1 Para reflexionar sobre el papel de la moderna Turquía en el espacio del Mar Negro, se sugiere la lectura de El poder de la geografía, capítulo 6: «Turquía». También puede consultar Prisioneros de la geografía (Marshall, 2019).

  2. 2 «A los efectos del presente Tratado, un Estado poseedor de armas nucleares es un Estado que ha fabricado y hecho explotar un arma nuclear u otro dispositivo nuclear explosivo antes del 1° de enero de 1967» (Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, 1968, artículo IX.3).

  3. 3 Algunas de estas zonas libres de armas nucleares son América Latina (Tratado de Tlatelolco), Pacífico Sur (Tratado de Rarotonga, Tratado de Bangkok y Tratado de Pelindaba).

  4. 4 Ucrania es primero en Europa en reservas de uranio; segundo en Europa y décimo en el mundo en titanio; segundo en el mundo en reservas de manganeso (12 % reservas mundiales); segundo en Europa en reservas de mercurio; tercero en Europa y decimotercer en el mundo en reservas de gas de esquino; cuarto en el mundo por el valor total de recursos naturales, y séptimo en el mundo en reservas de carbón, además de otras consideraciones similares en temas relacionados con productos agrícolas e industriales (primero en Europa en producción de amoniaco, segundo en el mundo en sistemas de gaseoductos de gas natural, tercero en Europa y octavo en el mundo en capacidad instalada de centrales nucleares, entre otros muchos). Fuentes: World Economic Forum (WEF), Ukrainian Geological Survey, World Nuclear Associations y Scientific American, entre los más importantes.

  5. 5 A la fecha, solamente Guatemala y Paraguay, además de las caribeñas islas de Haití, San Cristóbal y la Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, mantienen relaciones diplomáticas con la isla asiática.

  6. 6 Más información en: https://ceeep.mil.pe/2023/03/07/compromiso-de-la-republica-popular-china-con-centroamerica-una-actualizacion/

  7. 7 En este trabajo, utilizaremos el término propio de ultratech para referirnos a los desarrollos tecnológicos más avanzados y sofisticados que existen actualmente, y aquellos por venir. Estas tecnologías se posicionan en la cresta del conocimiento científico, incorporando innovaciones revolucionarias en campos como la inteligencia artificial, la nanotecnología, la biotecnología y la computación cuántica, entre otros. En resumen, la ultratech busca ir más allá de los límites tradicionales, proporciona soluciones y capacidades que alguna vez se consideraron ciencia ficción, y crea un vasto horizonte de posibilidades futuras.

    La ultratech permite neutralizar a un adversario sin recurrir a enfrentamientos tradicionales, porque hace posible desactivar comunicaciones, provocar apagones eléctricos, alterar el funcionamiento de sistemas de transporte o interrumpir redes que sustentan servicios esenciales.

  8. 8 Un análisis de la pugna por recursos puede verse en: https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/36281/CONICET_Digital_Nro.e83ce46d-aa99-424d-ad44-738ba268a3e9_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y