Solidaridad en libertad

Solidarity in Freedom

Artur Nadal Albiol

Universidad Francisco Marroquín

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Resumen: El artículo intenta reflejar la importancia de la iniciativa privada en la solución a los problemas de asistencia social. Se expone, de manera inicial, un breve recorrido histórico de los primeros intentos en el ámbito privado para disminuir las situaciones de pobreza. En segundo lugar, se plantea si el liberalismo tiene capacidad suficiente para desarrollar eficazmente soluciones a los problemas de escasez y miseria. En la última sección se desarrolla la noción de eficiencia en la solidaridad, las salidas tanto tácticas como estratégicas que la iniciativa liberal desarrolla ante las situaciones indeseables de pobreza y se presentan diversas hipótesis para el futuro de la asistencia social.

Palabras clave: individuo, libertad, sociedad, independencia, solidaridad, competencia, cooperación.

JEL: F6, I3

Abstract: The article tries to reflect the importance of the private initiative in the solution to the problems of social assistance. Initially, a brief historical tour of the first attempts in the private sphere to reduce situations of poverty is exposed. Secondly, it arises whether liberalism has sufficient capacity to effectively develop solutions to the problems of scarcity and misery. In the last section, the notion of efficiency in solidarity is developed, as well as the tactical and strategic solutions that the liberal initiative develops in the face of undesirable situations of poverty, and various hypotheses for the future of social assistance are presented.

Keywords: individual, freedom, society, independence, solidarity, competition, cooperation.

JEL: F6, I3

Introducción

La solidaridad podría considerarse el talón de Aquiles del liberalismo y el objeto de críticas por parte del consenso socialdemócrata. También se podría afirmar que la imagen del liberalismo ha sido excesivamente elitista y economicista. Todo ello ha condicionado una cierta animadversión hacia la iniciativa privada o, lo que es lo mismo, hacia las decisiones libres del individuo y a todo lo referente al concepto «mercado». Este —el mercado— ha sido señalado como el causante de muchas de las injusticias sociales de la humanidad, desde la perspectiva crítica. El presente artículo intentará demostrar que ambos conceptos forman una maravillosa unión: libertad y solidaridad han compartido de forma interdependiente el camino hacia el progreso.

Individuo y sociedad: una historia de interdependencia

Vivir en sociedad implica responsabilidad hacia los demás y, entre ellos, hacia los más débiles. La familia es el ejemplo más claro de asistencia social. Las sociedades más primitivas centraban la ayuda social en la reciprocidad (Barfield, 2008). Marvin Harris (1985) afirma que la solidaridad en las tribus primitivas se basa en la reciprocidad tribal, que no es más que una acción de intercambio económico, los esfuerzos de los cabecillas para aumentar el bienestar general se pagan con aprobación, admiración y respeto, en suma, con prestigio (p. 24).

En la antigua Grecia y Roma era el Estado el encargado de subsidiar a los minusválidos, especialmente a las víctimas de guerra. Sin embargo, no es hasta en la Edad Media cuando puede hablarse con mayor propiedad de la ayuda social. Con el cristianismo, el valor de la caridad alcanzó su máximo apogeo y fue la Iglesia católica quien protagonizaría durante muchos siglos la ayuda a los más necesitados (García Lobo, 2006).

Señala Carlo M. Cipolla (1981) que el número de pobres durante toda la Edad Media fluctuaba ampliamente porque mucha gente vivía siempre al borde de la subsistencia. Si en la alta Edad Media la caridad dependía casi exclusivamente de la Iglesia católica, a partir del siglo XII, hospicios, instituciones de beneficencia y hospitales recibieron financiamiento de la caridad privada, y no solo de las filas de los ricos o príncipes. Este cambio coincide con un aumento de la libertad económica al facilitarse el intercambio comercial entre ciudades, a la mejora de las técnicas agrícolas y al aumento de las redes viarias que incrementarían el tráfico de viajeros, mercancías y comunicaciones (Riera Melis, 2002). El concepto de caridad

se identifica con donaciones voluntarias y acciones benevolentes para los pobres…. Para la cristiandad del Medioevo, los «deberes» de la caridad incluían dar alimentación y vestimenta a los hambrientos, visitar a los enfermos y aliviar la pobreza. Pero no a todos; los receptores de la caridad eran los indigentes «válidos»: mayores de edad, huérfanos, ciegos, viudas con niños, así como cualquier tipo de persona con discapacidades. (Spicker, Alvarez y Gordon, 2009, p. 62)

En los siglos XVI, XVII y XVIII sigue considerándose la pobreza como un valor cristiano1 y son las instituciones eclesiásticas las que siguen realizando esta función asistencial. Sin embargo, el renacimiento español trae una nueva forma de abordar el auxilio a los pobres y nuevos planteamientos (De la Fuente, 2000): las corrientes mercantilistas empiezan a desacralizar la pobreza y, en su espíritu de engrandecer al Estado, abogan por que sea este quien realice la intervención para con los marginados. Esta idea constituiría la semilla para las futuras legislaciones en las que la caridad solo podría ser realizada por instituciones autorizadas y se prohibiría la mendicidad en ciertas jurisdicciones.

Con la Ilustración aparecen también nuevas perspectivas. Juan Helgera (1980) afirma que no solo se perdía fuerza de trabajo con la mendicidad, sino que existía el riesgo de que las masas ociosas y hambrientas fueran origen de tumultos y motines, de ahí que apareciesen las escuelas-fábrica y hospicios con cierto sesgo mercantilista. Esta idea fue iniciada originalmente en Holanda en el siglo XVI con las werkhuisen: talleres que ocupaban obligatoriamente a mendigos y parados.

En Francia en el siglo XVII se hallan los primeros hópitaux géneraux de manufacture y en Inglaterra también aparecieron las workhouses o casas de trabajo. En este último caso tuvieron mucho que ver las Poor Laws que desde el siglo XVI intentaban regular la mendicidad mediante almshouses parroquiales para los pobres incapaces (de financiación privada) y los correccionales o las casas de trabajo (financiación parroquial) para los pobres capaces que no deseaban trabajar. Posteriormente la Poor Law Amendment Act de 1834 iba encaminada a sustituir el concepto de pobreza inevitable (bíblica) por el de responsabilidad de los pobres de su situación y que podían cambiar si decidían hacerlo.

En España los hospicios se basaban en la idea del confinamiento temporal como fórmula de regenerar y reinsertar en la sociedad a mendigos y vagos. Si bien ya en los siglos XVI y XVII pueden rastrearse antecedentes, no sería hasta mediados del siglo XVIII cuando estas instituciones proliferarían en España.

En Inglaterra tuvo lugar, sin embargo, una forma de asistencia social totalmente innovadora: ni se basaba en la caridad, como lo hacían las instituciones eclesiásticas, ni en la generosidad del soberano, sino en la aportación contractual y voluntaria de sus miembros para proceder a cubrir riesgos sociales. Fueron las friendly societies. Aunque pueden verse rastros de estas en el siglo XVI y XVII —se considera como la primera la Corporación de Carters en Leith (Escocia) en 1555—, su crecimiento y expansión comenzó en el siglo XVIII y alcanzó su apogeo entre el siglo XIX y principios del siglo XX. Cruzaron el Atlántico para extenderse también en EE. UU. y permanecen aún operativas algunas de ellas (Financial Conduct Authority, 2015).

Pueden definirse las friendly societies como asociaciones mutuales cuyo objeto era la cobertura de riesgos de sus miembros aportantes, tales como sanidad, pensiones, ahorro, banca cooperativa, etc. Hasta el advenimiento del Estado del bienestar actual fueron estas las asociaciones que se ocuparon de la asistencia social. La diversidad de servicios de cobertura social ofrecidos implicaba distintos tipos de sociedades de ayuda mutua tales como sociedades fabriles, de sepelio o de acumulación (Rallo, 2014).

Destacan Alberto Benegas Lynch (h) y Martín Krause (1998) que en Argentina, desde mediados del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX con la llegada de la provisión estatal de servicios sociales, la asistencia privada, organizada o caritativa, funcionó con relativo éxito.

Moreno Ruiz (2000) sostiene que la génesis del mutualismo moderno se encuentra en las cofradías medievales, las cuales realizaban acciones asistenciales, pero no de manera sistemática. Posteriormente surgieron las hermandades de socorros en los siglos XVII y XVIII en las que ya existía entre sus miembros el derecho pleno de percepción de prestaciones. Ya en el siglo XIX aparecieron las sociedades de socorro mutuo que organizaban entre sus socios un sistema de previsión y asistencia que cubría la enfermedad, muerte, invalidez, vejez y, en algunos casos, incluso el desempleo (Moreno Ruiz, 2000, pp. 303-310). En Francia las sociedades de socorro mutuo se afirmaron en la mitad del siglo XIX: «por las cotizaciones de los miembros, las donaciones y subvenciones, aseguran asignaciones diarias en caso de enfermedad, financian cuidados médicos, ayudan a las viudas y a veces a los ancianos» (Petit, 1997, p. 195).

En España destacan a finales del siglo XIX las cajas de previsión para la vejez y ahorros que venían a ofrecer un sistema de capitalización para las pensiones. Según José Maluquer (1986), fue Ramón de Mesonero Romanos (1803-1882), renombrado cronista y bibliotecario perpetuo de la villa de Madrid, quien trajo de sus viajes por Francia e Inglaterra la idea de las cajas de ahorros (p. 22).

Después de la II Guerra Mundial, con el consenso socialdemócrata establecido de forma generalizada, tanto en Europa como en EE. UU. —aunque mucho más en el viejo continente— el Estado-proveedor, influenciado por el marxismo residual y el keynesianismo en boga, sería el nuevo protagonista de la asistencia social. El crecimiento constante y expansivo de los estados a su vez estallaría financieramente en el desequilibrio presupuestario de todo el mundo occidental (Farge Collazos, 2007, pp. 45-54).

Libertad y solidaridad

¿Es posible que el liberalismo sea solidario? Puede establecerse que la humanidad se ha caracterizado por la preocupación hacia los problemas ajenos. La función social de la familia, el grupo o la tribu no es más que la unión de fuerzas que permite la supervivencia de los más débiles. No sería posible el progreso de la humanidad sin la cooperación voluntaria, por lo que la perspectiva hobbessiana de entender al hombre como un depredador parece poco plausible.

El filósofo Richard Rorty (1989) afirma que para los liberales no hay nada más repugnante que el sufrimiento y el dolor ajenos, y que es inapelable su deseo de eliminar tales dolencias. En el mismo sentido, coincidiendo con Rorty, Calderón Legarda (2000) sostiene que es deber de cualquier liberal la defensa de los derechos básicos del individuo que son la base de su autodesarrollo.

Fernando López Castellano (2003) sostiene que la imposibilidad de hacer frente a las situaciones de miseria de finales del siglo XIX en España, por la falta de lo que él denomina un Estado fuerte, impulsó la creación de sociedades de ayuda mutua que, junto con las asociaciones caritativas derivadas del entorno eclesiástico, redujeron la pobreza, evitando conflictividad social.

Podría considerarse que existe cierta contradicción interna entre colaboración e individuo, pero no es así, ya que el mutualismo, es decir, la libre asociación voluntaria no es más que una plasmación de la voluntad individual: mediante el grupo se atienden futuras cargas y situaciones negativas previsibles o inesperadas. Sin libertad de acción no podrían existir ni mutualidades ni aseguradoras.

Existe la errónea idea de pensar que la prestación de ayuda social por parte de la iniciativa privada no puede ser eficiente, ya que esta se inclina siempre por la «ganancia» y que solo mediante la independencia del sector público puede realizarse, o por lo menos, que esta sea más eficiente si proviene del presupuesto público. De acuerdo con José Luis Sarasola (2000), «la solidaridad del voluntariado nunca podrá sustituir el derecho al bienestar social que ha de ser facilitado por la administración en cualquiera de sus formas» (p. 100). Sin embargo, la economía es la ciencia de la acción humana y cada una de estas acciones, en intercambio voluntario, no suman cero, ni existe la ganancia ni la pérdida para cada una de las partes, sino beneficio para cada uno de los actores. El valor de los intercambios es subjetivo. Por ello, el sector público, gestionado por políticos y burócratas, mantiene incentivos diferentes a los del sector privado. En este aspecto, Charles Murray (2006) afirma: «las burocracias también son inferiores a la filantropía privada porque el mayor interés de una burocracia no puede evitar ser su propio bienestar» (p. 119).

El Estado como prestador único de los servicios asistenciales

Existe la duda acerca de si debe ser el Estado el responsable de la ayuda social. La respuesta a la pregunta depende de dos aspectos significativos: por una parte, del enfoque político-filosófico y, por otra, de la perspectiva empírica. La concepción hobbessiana (Hobbes, 1651/2010) de homo homini lupus, transformada en el colectivismo y paternalismo de los socialismos, entiende que el máximo (o a veces único) proveedor y regulador debe ser el Estado.

Aunque se presume que en las sociedades liberales el Estado es el responsable de conseguir el bien común y el respeto a los derechos individuales, la separación entre lo público y lo privado no es real (Henao Guzmán, 2015), siendo esta tendencia al estatismo una distorsión en la mayoría de las sociedades modernas:

La gobernabilidad en muchos de los Estados contemporáneos no pasa por la distinción entre lo privado y lo público, entre lo económico y lo político, por la separación entre los bienes de los ciudadanos, los de Estado y los del administrador público; en otras palabras, no pasa por las fronteras que la modernidad marcó. (p. 120)

Bastiat (1848) ya apuntaba que, si una ley obligase a la fraternidad coactivamente, dicha ley sería injusta:

Si Ustedes hacen de la fraternidad una prescripción legal, cuyos actos sean previstos y vueltos obligatorios por el Código industrial, ¿qué resta de esta definición? Nada más que una cosa: el sacrificio, pero el sacrificio involuntario, forzado, determinado por el miedo al castigo. Y de buena fe, ¿qué es un sacrificio de esta naturaleza, impuesto a uno en provecho del otro? ¿Es fraternidad? No, es injusticia; es necesario decir la palabra, es la expoliación legal, le peor de las expoliaciones, puesto que es sistemática, permanente e inevitable. (p. 11)

Hayek (1976) es rotundo al afirmar que «la responsabilidad moral individual por las acciones de cada uno es incompatible con la realización de cualquier modelo general de distribución» (p. 183) y Hazlitt (1996) sostiene que todos los intentos de redistribuir o igualar rentas o fortunas menoscaban y destruyen los incentivos en ambos extremos de la escala económica (p. 143). De hecho, si la prestación monopolística del servicio está basada jurídicamente en el bien común, esta no podría ir nunca en detrimento de sus usuarios: en el modelo monopolístico no existe eficiencia productiva y los precios son superiores a los de un mercado abierto, con lo cual los ciudadanos pagarán más (vía impuestos o directamente) por un servicio que en libre mercado costaría menos.

El Estado adolece de la información obtenida con base en los resultados. Von Mises (1949/1963) deja constancia de la importancia de beneficios y pérdidas como indicador veraz de la eficiencia. Sin hipótesis (ex–ante del empresario) ni resultados (ex–post) no existiría el desarrollo: if all entrepreneurs were to anticipate correctly the future state of the market, there would be neither profits nor losses (Von Mises, 1949/1963, p. 293).

El Estado proveedor de asistencia social mediante concesiones

En este caso el Estado concierta con entidades privadas la realización de los servicios. Los posibles problemas derivados de las concesiones se centrarían en lo que Gordon Tullock (1998) denomina rent seeking o «buscadores de renta», que se define como the outlay of resources by individuals and organizations in the pursuit of rents created by government (párr. 18). Al estar presupuestados —intervenidos— los precios de la prestación, estos no pueden conllevar información fiable para el empresario productor del servicio. Como el aparato burocrático desconoce el mercado, el empresario deberá focalizar el servicio al precio ofrecido por el Estado, obviando las preferencias del consumidor.

En el caso en que una prestación pueda ser realizada tanto por el Estado como por la iniciativa privada, el problema incorpora una nueva ecuación: el precio del mercado queda intervenido por el precio estatal, configurándose un mercado cautivo de la administración estatal. Sería el caso, por ejemplo, de las residencias de ancianos (ahora llamadas de la tercera edad) en España.

Prestación asistencial en ausencia del Estado

Sostiene Juan Ramón Rallo (2014) que la demanda de asistencia social tiene dos formas o modalidades diferenciadas: la que el individuo solicita para cubrir su incertidumbre futura y la que garantice la seguridad ajena. Para el primer caso, la asistencia social debería prestarse mediante estructuras horizontales, lo que son las llamadas friendly societies de ayuda mutua y, para el segundo, las sociedades filantrópicas de estructura vertical en las que una determinada cantidad de personas se organizan para responsabilizarse de sus futuras situaciones insatisfactorias.

Para Murray Rothbard (1973/2005) «la única solución viable es la libertaria: la derogación del subsidio estatal que hará posible la libertad y la acción voluntaria de todas las personas, ricas y pobres por igual» (p. 228).

Jean Vilbert (2020) afirma que «si tal vez el gobierno exigiera menos (coercitivamente), la gente daría voluntariamente más», apuntando la posibilidad de que la solidaridad voluntaria podría reemplazar a los impuestos: «si queremos hacer más y mejor trabajo, debemos dejar de ver al Estado (y a los impuestos) como el único medio de hacer las cosas en la sociedad».

Competencia y cooperación

Puede afirmarse que la única forma posible de reducir la pobreza es mediante el crecimiento económico, y para ello, las condiciones esenciales son la libertad y el mercado. Cuando esta libertad traspasa fronteras nacionales al haberse reducido las barreras que lo impedían, se piensa en globalización. Para Donald Boudreaux (2008), la globalización is the advance of human cooperation across national boundaries (p.18). Asimismo, este mercado de cooperación internacional posee tres argumentos incontestables frente a los «anti-globalización»:

1) Globalization increases material wealth.

2) Globalization also decreases some kinds of uncertainty.

3) No one is forced to participate in the global economy. Anyone who wants to escape international commerce can do so without forcing others to join in his or her isolation from the world economy. (Boudreaux, 2008, pp. 144-145)

Martin Krause sostiene que las acciones para la reducción de la pobreza se centran en tres áreas: generar riqueza, acciones de socorro mutuo para ayudarse a sí mismo y la filantropía, siendo la primera la más importante. Y en relación con la creación de riqueza, considera el autor que «pocas cosas son tan eficientes para combatir la pobreza como la generación de empleos» (Krause, 2014a, cap. 16, posición 11347).

Para la eliminación de la pobreza, realiza un resumen con seis puntos básicos:

1. Liberar la iniciativa empresarial de los pobres.

2. Formalizar el derecho de propiedad de los pobres (de Soto).

3. Remover las barreras a la inversión que genera empleos.

4. Liberar los obstáculos que frenan la ayuda mutua.

5. Remover las barreras y costos de la beneficencia.

6. Considerar un plan de ayuda transitorio, local y tipo voucher. (Krause, 2014b)

Subraya Sala-i-Martin (2005) que

el número de pobres hasta 1980 aumentaba, pero cuando comienza la llamada «globalización neoliberal salvaje» y cuando China liberaliza su economía, introduce el mercado como pilar de su sistema económico y se abre al exterior, la pobreza baja de 1.200 millones a menos de 800 millones de habitantes. (p. 5)

Esta misma línea argumental queda avalada por Johan Norberg (2003) al afirmar que «la miseria en China ha sido reducida a una velocidad jamás vista en las últimas dos décadas. La gente tiene salarios más altos y niveles de vida mejores que nunca antes» (p. 6).

Hubertus Müller-Groeling (2005) sostiene que incrementando la prosperidad y a la vez limitando el poder del Estado, se crean las condiciones para que la iniciativa privada actúe en la asistencia social, sin denegar el rol estatal para el que verdaderamente la necesite.

Finalmente, la Heritage Foundation, con datos recientes, permite detectar que los países con mayor libertad económica son los primeros en calidad de vida, tales como Suiza, Singapur, Irlanda, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Taiwan, Estonia y Holanda. En contraposición, los países con menor libertad económica de los que se dispone de datos son Cuba, Venezuela y Corea del Norte, siendo estos los que por sus condiciones de vida se encuentran muy lejos de lo que sería una mínima calidad de vida (Miller et al., 2022).

En la misma línea, los datos del Banco Mundial muestran la tendencia a la reducción de la pobreza en los últimos años, los años en los que la globalización y el comercio internacional han despegado (The World Bank, s.f.).2 Los mismos datos que confirman la reducción de la pobreza en los últimos años han sido aportados, entre otros, por Sala-i-Martin (2005) y Deepak Lal (2013). Este último afirma que desde 1980 los que eran pobres han doblado sus ingresos más rápidamente que los que no lo eran.

En otro aspecto, el economista Hernando de Soto (1986), en sus estudios sobre la economía informal o marginal, afirma que el problema de la pobreza no reside en la economía sino en el Estado, ya que la legalidad para los más desprotegidos es algo inalcanzable. Por ese motivo, De Soto considera el establecimiento de derechos de propiedad de los activos que disponen los relativamente pobres como el fundamento para la salida a su situación de precariedad.

Coincidiendo con Hernando de Soto, Otto Graf Lambsdorff (2005) y Manuel Ayau (2007) avalan también la eliminación de barreras legales y cargas impositivas como condiciones relevantes para reducir las situaciones de pobreza.

Organización de la asistencia social privada

Las situaciones de asistencia social pueden clasificarse en aquellas que afectan al individuo y aquellas que afectan al otro, al resto de la sociedad. Para Juan Ramón Rallo (2014) las primeras serían soluciones o formas horizontales y las segundas, verticales. La cobertura de los primeros riesgos depende de la incertidumbre del mismo: para los riesgos conocidos, tales como enfermedad y vejez, pueden establecerse mutuas, cooperativas o cualquier medio asociativo de contribución siendo el ahorro el aspecto clave; para las situaciones imprevistas e impredecibles, las compañías aseguradoras son la mejor opción.

A modo de ejemplo se citan algunas actuaciones que responden al concepto más actual de solidaridad, es decir, a la necesidad de que el otro no sufra situaciones inaceptables, tales como la pobreza u otras de similar carácter negativo. En este aspecto la empresarialidad, la perspicacia del empresario, es un factor determinante para detectar nuevas formas de minorar la precariedad.

a) Los microcréditos: según Antonio Vereda del Abril (2001), son la fuente de financiación en entornos de gran pobreza cuyos destinatarios son personas sin propiedades o salarios, pero con la fuerza vital para salir de la miseria con dignidad, creando su propio trabajo. Muhammad Yunus, economista de Bangladesh y premio Nobel de la Paz en 2006, creó el Banco Grameen o Banco del Pueblo. La entidad ha concedido créditos de más 2.000 millones de euros a tres millones y medio de pobres sin derechos de propiedad. Más del 90 % de estos préstamos se amortizan satisfactoriamente3.

En Europa, la Comisión Europea ofrece microcréditos y micropréstamos, como soluciones al emprendimiento y al acceso a la microfinanciación para colectivos vulnerables, en apoyo al desarrollo de empresas sociales4.

b) Las ONG: por norma general, las organizaciones no gubernamentales se financian con las aportaciones voluntarias de sus socios y también del presupuesto público. En los últimos años, dichas organizaciones tienden a ofrecer al aportante la posibilidad de elegir el destino de su aportación. Entre ellas destacan Cruz Roja (www.cruzroja.es) y Manos Unidas5.

c) Redes de ayuda social: frecuentemente coordinadas por entidades de la administración local, permiten un acceso informativo al usuario o al aportante. Como ejemplo está la red Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva en la que se tiene acceso a multitud de asociaciones en función de la necesidad social6.

d) Voluntariado: en este caso la aportación de la persona no es monetaria sino laboral, sin recompensa y sin ánimo de lucro. El voluntariado ocupa desde actividades formativas para el autoempleo hasta la organización y financiación de comedores, tales como es el caso de los bancos de alimentos7.

e) Apadrinamiento: permite la solidaridad, pero en lugar de destinarlo a los otros, se personifica en un solo individuo, normalmente un niño. En la mayoría de los casos, los recursos se destinan a proyectos colectivos, siendo el formato un sólido método de comunicación comercial.

f) Familias de acogida: es una forma especial de voluntariado en el que la acción es llevada a cabo por toda una familia. Requiere la aquiescencia de la familia, el hecho de compartir valores, lo que permite tales ayudas. Las familias de acogida aportan una solución eficaz en los casos de vulnerabilidad.

g) Cohousing: es un tipo de comunidad cohesionada por su forma de entender la relación entre vida privada y vida común. Está formada por viviendas privadas con una serie de servicios comunes, muchos de los cuales pueden ser realizados por los propios miembros de la comunidad. Entre esta amalgama de actividades están el mantenimiento, jardinería, cocina, etc. El cohousing para personas mayores se configura mayormente entre amigos o personas conocidas que llegan a acuerdos sobre servicios, ya sean proporcionados por los propietarios o bien externalizados (Del Monte, 2016).

El futuro de la asistencia social

Sostiene Otto Graf Lambsdorff (2005) que el liberalismo «podría convertirse en un verdadero movimiento revolucionario en muchos países en desarrollo que podría representar las esperanzas y aspiraciones de los pobres si los liberales aprenden a hablar su lenguaje y a conceptualizar reformas en base a sus necesidades» (p. 7).

Para García Roca (1994) el futuro de la solidaridad deberá obviar la dicotomía Estado-individuo y será un compendio entre el Estado, el mercado y lo que él llama mundos vitales (grupos primarios como la familia, las amistades, iglesia, asociaciones desinteresadas y los movimientos), que van a ser el eje de su articulación (p. 179).

Sin embargo, para otros autores este cambio hacia la solidaridad liberal no es fácil ni lo será: Carlos Rodríguez Braun (2004) menciona, por ejemplo, que no es posible un cambio de paradigma en el modelo de Estado del bienestar actual sin un cambio en la actitud de los ciudadanos, y afirma: «mientras la opinión no se aleje de la idea del activismo redistributivo . . . la tendencia será favorable a la postura de intervenir y regular» (Conclusión, párr. 1). Ya a principios del siglo XX, Ortega y Gasset (1929/2007) denunciaba al intervencionismo del Estado y la anulación de la espontaneidad como el mayor peligro para la civilización. Con esta misma idea, Pedro Schwartz (1998) sostiene que es difícil la implantación de la sociedad liberal clásica y afirma: «las personas corrientes ven la sociedad abierta como una aventura peligrosa, antinatural y poco satisfactoria . . . por lo que no debería sorprendernos que los temerosos de la libertad vuelvan a gritar como antaño: ¡Vivan las cadenas!» (p. 265).

Finalmente, y en el mismo sentido, Juan Ramón Rallo (2014) expone que la adicción moderna al Estado se sustenta sobre «la vana ilusión de que otro Estado es posible . . . y el absoluto desconocimiento de formas de convivencia y cooperación alternativas a la coacción estatal» (p. 13).

Sin embargo, no podemos ser pesimistas: Hubertus Müller-Groeling (2005), como corolario final de su opúsculo dedicado a las políticas liberales, declara que «en las políticas de seguridad social, los principios del liberalismo llevan a una mayor confianza en la libertad y responsabilidad del individuo» (p. 23). Y Johan Norberg (2003) centra el futuro de la ayuda a los desamparados en la globalización cuando considera: «la historia, las estadísticas, la teoría y los mismos pobres dicen que el problema no es la globalización, sino la falta de acceso a los frutos de ésta» (p. 19).

Conclusión

La división entre individuo y sociedad, argumento altamente divulgado por las ideologías colectivizantes que atribuyen privilegios morales a esta última, se nos resulta totalmente falsa: individuo y sociedad forman un conjunto inextricable en el que la persona con su trabajo y productividad, mediante la división del trabajo, aporta recursos a la sociedad.

La acción deliberada individual no está desvinculada de la benevolencia, como lo analizara Adam Smith. Históricamente vemos que a medida que las sociedades han obtenido mayor libertad y riqueza, los excedentes han sido aplicados mayormente a la ayuda social. Esta ayuda pasa inicialmente por la caridad para, posteriormente, alcanzar formas en las que permiten a los más desfavorecidos dejar de serlo por sus propios medios. Por ello, no podemos crear una dicotomía entre libertad y solidaridad, ya que son siempre interdependientes.

El crecimiento de la sociedad occidental se fundamenta en la libertad individual, la acumulación de capital, la libertad de mercado, la perspicacia empresarial (alertness) y el conocimiento disperso. Si la mano invisible nos ha transportado a una inmejorable situación de bienestar, este mismo progreso ha facilitado a los más desfavorecidos el abandono de su situación. La benevolencia que Adam Smith citaba en su Teoría de los sentimientos morales se ha ido plasmando en infinidad de asociaciones voluntarias, algunas de ellas citadas en párrafos anteriores. Consecuentemente no puede afirmarse que liberalismo y solidaridad sean incompatibles. Todo lo contrario, tienen la máxima correlación positiva.

En resumen: nada está hecho y todo está hecho. El camino por recorrer es largo, ya que muchos países, encorsetados por sus élites gobernantes, siguen en entornos de precariedad. En manos de la libertad está la salida de la pobreza. Algunas situaciones de exclusión pueden solventarse mediante la filantropía. Otras, las que cubren parte de nuestro futuro, mediante las asociaciones de ayuda mutua. Los entornos de penuria que radican en otros países y continentes solo pueden suprimirse mediante la libertad. Esto implica globalizar y convertir al mundo en un enorme mercado libre sostenido por el Estado de derecho (Rule of Law) y sus dos elementos esenciales: en primer lugar, la seguridad jurídica, que permite el desarrollo de mercados de capitales y la acumulación de capital; en segundo lugar, la igualdad ante la ley, que protege la competencia y la perspicacia empresarial.

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